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El Pacto por México. ¿El regreso del nuevo PRI?

Jueves 22 de septiembre de 2016, por REDACCION

El Pacto por México. ¿El regreso del nuevo PRI?

Berenice Pedraza Minor

El nuevo PRI pretende afianzar su legitimidad al redactar el documento El Pacto por México, en el cual se sientan las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico.

En este Pacto se congregan las promesas sexenales de generar empleos de calidad que demandan los mexicanos y construir una sociedad de derechos, poner fin a las prácticas clientelares al ampliar los derechos y las libertades con transversalidad y perspectiva de género, así como materializar los que ya están consagrados en la Constitución para proveer bienestar a toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social.

El Pacto por México acuerda profundizar el proceso de democratización del país con base en tres ejes rectores:

1. El fortalecimiento del Estado mexicano. 2. La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales. 3. La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Por ello, se suscribe en este Pacto por México cinco grandes acuerdos: 1. Sociedad de derechos y libertades. 2. Crecimiento económico, empleo y competitividad. 3. Seguridad y justicia. 4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la Corrupción. 5. Gobernabilidad democrática. El Pacto Por México está inspirado en la Agenda Estratégica realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2012, de la cual derivan las bases para las reformas estructurales propuestas en dicho acuerdo, que hasta la fecha son: 1.- Reforma Educativa 2.- Reforma Energética 3.- Reforma de Telecomunicaciones 4.- Reforma Laboral 5.- Reforma Hacendaria 6.- Reforma Fiscal 7.- Reforma Agraria.

Antecedentes En aras de comprender al nuevo PRI es necesario remontarnos a lo sucedido en 1994, cuando el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, dedicó una cantidad importante de energía y recursos en desplazar al “nacionalismo revolucionario” mediante el establecimiento de una nueva etiqueta ideológica: el “liberalismo social”.

En su discurso político el principal motivo rector de la nueva ideología del Estado y sus políticas fue el estrechamiento de la acción estatal para priorizar los problemas sociales antes que la intervención en la economía. Con la excepción de algunos sectores “estratégicos”, la economía quedó en manos de los inversores privados y el Estado se despojaría de los principales recursos industriales que manejaba.

http://franciscovaldesugalde.wordpr... La nueva ideología adoptada por el PRI y el Estado mexicano en 1992 consistía en que el gobierno dirigiera el desarrollo de programas sociales focalizados en combatir la marginalidad y el analfabetismo e impulsar la construcción de infraestructura y la atención de la salud para la población pobre. El sector privado debería asumir la responsabilidad del crecimiento económico en un contexto de nuevas oportunidades, creado por la actitud gubernamental promotora de la iniciativa privada y por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La apertura de la economía que se daba desde la década del ochenta, contribuiría a hacer más competitiva la economía mexicana y a modernizar el sector privado para volverlo el motor del dinamismo económico.

La justificación del discurso del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue permitir que el sector externo se convirtiera en el eje del desarrollo, con el doble objetivo de: lograr mayor eficiencia productiva con la incorporación de nuevas tecnologías al proceso de producción e incorporar a México al proceso de globalización, lo que se traduciría en una mayor eficiencia y productividad del desarrollo. Sin embargo, la realidad rebasa aquellas perspectivas, debido a que nuestra economía ha mantenido bajos niveles de crecimiento como lo muestra la gráfica 1.

El Producto Interno Bruto mantuvo en el modelo de sustitución de importaciones, que fue de 6.31% en promedio anual, con el alcanzado en el neoliberalismo, que aunado a la inestabilidad de su comportamiento mantiene una tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo de estudio de 2.3%, como se muestra en la Gráfica I.

“Los éxitos se manifestaron en diferentes planos, como el control de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, el control de las tasas de interés y el equilibrio fiscal. Es decir, se logró cierta estabilidad macroeconómica. Sin embargo, tuvieron insuficiencias sumamente serias en términos de sus objetivos principales, ya que obtuvieron mediocres tasas de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3% de 1982 al 2011. En términos de lo social se dio una disminución de los salarios reales, llegando hasta 75% en el caso del salario mínimo. Adicionalmente los niveles de aumento del empleo requeridos, de cuando menos un millón anual, se encontraron por debajo, de esta cifra.” Desde 1982 se remonta el inicio de las reformas estructurales con el fin de superar la crisis económica y lograr la estabilidad macroeconómica prometida en cada sexenio priísta. Las reformas jugaron un papel crucial en el desarrollo de nuestro país y se dividen en tres principales vertientes: primera generación relacionadas con asuntos económicos, ubicadas de 1984 a 1994; segunda generación articuladas con cuestiones económicas, que abarcan de 1996 a 2006; y las de tercera generación vinculadas con la modernización administrativa y deben implementarse a inicios de 2017.

Reformas de primera generación Con estas reformas y los programas de estabilización y ajuste: Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE); Programa Extendido de Reordenación Económica (PERE); Programa de Aliento y Crecimiento (PAC); Pacto de Solidaridad Económica (PSE) y Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), se pretendió estabilizar la economía, así como promover su crecimiento. El papel del Estado se transformó hacia una menor participación del Estado en la economía para abrir camino al capital privado nacional e internacional y, en consecuencia en profundos cambios en el país.

Entre 1988 y 1994 se llevó a cabo de forma más intensa el programa de privatizaciones, de empresas con gran poder de mercado y viabilidad económica. Se privatizaron importantes corporaciones, entre ellas: Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Telmex, Grupo Dina; compañías mineras, como Cananea, siderúrgicas, complejos industriales; dieciocho bancos y diversas instituciones financieras como arrendadoras, aseguradoras, etc.

En 1988 el rubro financiero se caracterizó por una serie de reformas, por ejemplo la liberalización de las tasas de interés, la sustitución del encaje legal por un coeficiente de liquidez y la privatización bancaria. En mayo de 1990 se reformaron los artículos 28 y 123 de la Constitución con objeto de permitir el restablecimiento del régimen mixto de las prestaciones del servicio de banca y crédito; entre 1991 y 1992 se privatizaron todos los bancos comerciales; asimismo, se otorgó autonomía al Banco Central.

A pesar de los planteamientos de estas reformas y su difusión mediática sobre las fortalezas de las mismas dirigidas a la sociedad para aceptar su implementación, los resultados esperados por la administración salinista fueron negativos debido a factores nacionales e internacionales que derivaron en la crisis económica de 1994. Ante este panorama se propusieron las reformas de segunda generación.

Reformas de segunda generación La segunda generación de reformas, al igual que sus antecesoras, trabajaron paralelamente con un conjunto de programas a corto plazo –Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PBEC); Acuerdo de Unidad Para Superar la Emergencia Económica (AUSEE); Programa para Reforzar el Acuerdo de Emergencia Económica (PARAUSEE) entre otros de corto plazo propuestos durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

El fin se enfocaría hacia el crecimiento económico sostenido y a largo plazo. De forma inmediata se intentó estabilizar a la economía de los efectos de la crisis de 1994-1995 y posteriormente de las crisis de 2001-2003 y 2008. Los principales objetivos de estas reformas estructurales fueron profundizar las de primera generación, así como la apertura comercial para integrar la economía mexicana al proceso de globalización mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual posibilitó incorporar tres elementos nuevos:

1. Profundizó el proceso de apertura comercial que se venía dando desde 1985, con la firma del TLC. 2. Mayor participación de la inversión extranjera directa. 3. El énfasis en el vínculo: competitividad internacional, inversión y crecimiento económico. En consecuencia, durante la primera mitad de la década de los noventa se observó en la economía mexicana un flujo importante de inversión extranjera. Sin embargo, el capital no se invirtió en actividades productivas, ya que se empleó en el sector financiero: inversiones en cartera y en la compra de deuda pública y por ende obstaculizó el ingreso de nueva tecnología. En realidad fue una inversión de corto plazo y especulativa, cuyo resultado se visibilizó en la crisis heredada a la nueva administración de Ernesto Zedillo, en 1995.

Los efectos de la puesta en marcha de manera paralela de la segunda generación de reformas y los programas de ajuste de corto plazo de política económica se observaron en paliar los efectos negativos que los impactos financieros internos y externos, así como la complicada situación política habían causado en la economía. Sin embargo, nuevamente el crecimiento económico prometido a la sociedad no mostró beneficio alguno, pues la política económica se orientó al ajuste y la estabilización. Reformas de tercera generación

Se especula que con el arribo del PRI, la administración de Enrique Peña Nieto replantea las reformas estructurales de la tercera generación para proseguir con la tradición que caracteriza a su partido. Sin embargo, la hipótesis mencionada podría refutarse debido a un hecho importante durante el gobierno panista a cargo de Felipe Calderón Hinojosa: la desaparición forzada e inconstitucional de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Es decir, la privatización del sector público continuó durante los gobiernos panistas, como ejemplo de ello fue la cerrazón mostrada por el gobierno calderonista para transparentar y rendir cuentas a la opinión pública sobre su decisión de abolir a LFC.

Uno de los medios impresos más prestigiados, la revista Proceso, obtuvo como respuesta final el siguiente comunicado de la presidencia: “Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de ‘seguridad nacional’, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).”

No es casualidad que LFC pasara a manos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y actualmente esta compañía junto con Petroleos Mexicanos (PEMEX) sean consideradas por el gobierno de Peña Nieto como Empresas Productivas del Estado (EPE’s). Desde 2016 ambas empresas comenzó a pagar dividendos al Estado. “El objetivo es que funcionen como auténticas empresas y el gobierno asuma el papel de dueño-accionista, por lo que en este sentido las EPE’s operarán bajo principios y prácticas aplicables a la esfera privada.”

La llamada oposición dirigida principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusa de desvío de recursos públicos de PEMEX y CFE con los ajustes realizados en la reforma energética por parte del ejecutivo. “Luis Sánchez advirtió que con ambas leyes se rompe la integración de Pemex y CFE, y se fomenta el florecimiento de negocios personales a su costa […] se crean filiales de Pemex a las que se darán los contratos, pero no serán consideradas paraestatales y por tanto no quedan sujetas a la rendición de cuentas.”

La falta de confianza hacia las decisiones de la actual administración tiene su origen desde los años ochenta cuando comenzó la etapa de modernización de nuestro país para competir dentro de un mercado global. La oposición pública de la entrada en vigor de las reformas peñistas para el 2017 se ha manifestado en diversas encuestas realizadas por medios de comunicación como el periódico Reforma, en la cual se menciona que 2 de cada 10 ciudadanos (23%) aprueban la forma en que Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente, y un 74% la desaprueba.

La encuesta publicada el 11 de agosto de 2016 indica que de abril a agosto de este mismo año el mandatario mexicano perdió 7 puntos de popularidad, pasó de un 30% que opinó que hacía bien su trabajo, a un 23%. “[…] un 76% de los ciudadanos consideró que el país va por mal camino. El 69% dijo que la violencia en el país ha aumentado, a diferencia de abril pasado, cuando 52% dio esa respuesta. En julio de 2015, el 37% dijo que había empeorado la seguridad pública, y ahora esa respuesta alcanzó 64%.” Fuente: Reforma, agosto 2016.

En consecuencia se vislumbra un panorama poco favorable para cumplir con los objetivos de las reformas estructurales correspondientes a la tercera generación. El sistema político por décadas no ha logrado llevar a cabo con eficacia los beneficios de las reformas a la población más pobre y desprotegida. Las familias se han percatado de la pérdida del valor de sus sueldos para responder a las necesidades primordiales de los integrantes de las mismas.

Los diversos gobiernos se han encargado de desgastar y desprestigiar las principales instituciones públicas, principalmente al Instituto Nacional Electoral (INE). Existe un desencanto hacia el sistema político, hacia la nula democracia y la falta de atención hacia los problemas como la pobreza y la desigualdad social. Estas expresiones se manifiestan todos los días en marchas, plantones y la exacerbación de la violencia por parte del gobierno y sus opositores, quienes cuestionan la eficacia de las mismas.

Es necesario que estas reformas sean revisadas por expertos en cada uno de los rubros para crear un clima de confianza y de participación, porque el Estado lo conforma la sociedad civil, así como los representantes de los tres poderes de la nación.

Sitios web: Trejo, M. & Andrade A. (2013, enero- febrero). Evolución y desarrollo de las reformas estructurales en México (1982-2012). El Cotidiano, núm. 177, pp. 37-46. Sitio web: http://www.redalyc.org/articulo.oa?... Proceso. (2010). Luz y Fuerza: Las mentiras de Calderón. Febrero, 2012, de Proceso Sitio web: http://www.proceso.com.mx/105980/lu... Unda, F. (2016). ¿Quién empujará la transformación de PEMEX y CFE? Septiembre 25, 2016, de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/opin... Becerril, A. & Ballinas V. (2014). Pemex y CFE, ‘‘propiedad de Peña Nieto’’, dicen perredistas. Julio 14, 2014, de DEMOS, Desarrollo de Medios. S.A. de C.V. Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2014/07/... Reforma. (2016). Sigue en caída aprobación presidencial. Agosto 12, 2016, de Grupo Reforma Sitio web: http://gruporeforma-blogs.com/encue...

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